Custodia digital

Los documentos electrónicos con función de original se gestionan normalmente mediante sistemas de anotaciones en cuenta que permiten la desmaterialización de documentos convencionales con usos especiales en la legislación, como los títulos valores y los títulos cambiarios.

En ocasiones esos documentos incluyen firmas electrónicas con ciertas atribuciones a los firmantes, como la posibilidad de transferir la propiedad de documento y sus derechos asociados a otra persona o entidad, lo que frecuentemente denominamos “endosabilidad“.

Los sistemas de custodia digital segura pueden gestionar estos documentos, y facilitan su acceso mediante sistemas orientados solo a la preservación (como una caja fuerte digital en el que el destinatario de los documentos tiene acceso a todos ellos con varios criterios de búsqueda) o la prueba frente a terceros (con códigos seguros de verificación que dan lugar a documentos híbridos, válidos en formato electrónico o impresos), por la posibilidad de ser cotejados accediendo al punto de consulta de referencia (sede electrónica).

A lo largo de los años la conveniencia de preservar los registros ha dado lugar a normas que indican qué características deben cumplir y servicios de confianza digital que ya implementan los requisitos técnicos y legales para facilitar su valor probatorio.

Entre las normas a considerar, cabe citar las siguientes:

  • DoD Standard 5015.02 – Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications
  • BS 10008 – Evidential Weight and Legal Admissibility of Electronic Information
  • ETSI TS 102 573 V2.1.1 (2012-04). Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);. Policy requirements for trust service providers signing and/or storing data
  • ETSI TS 101 533-1 V1.2.1 (2011-12). Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
    Data Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and Management
  • MoReq -Model Requirements for the Management of Electronic Records

Varios sistemas se han anunciado para dar cobertura a este tipo de requisitos:

  • CartularioEADTrust – European Agency of Digital Trust
  • Archivo seguro – Metaposta
  • iARXIU  CatCert – Consorci Administració Oberta de Catalunya
  • Servicios de Custodia de Documentos de la FNMT
  • Servicio de Archivado de Larga Duración de Tractis (clausurado)

En el futuro, los servicios de custodia cualificados y no cualificados de eIDAS centrados en la preservación de documentos firmados y sellados electrónicamente cobrarán un nuevo impulso.

Eso sin contar con las propiedades de preservación de Blockchain, que en la actualidad empiezan a evaluarse ante la posibilidad de que puedan emplearse más allá del limbo legal de las ciberdivisas.

Iniciativas de Blockchain en España

España está siendo un terreno fértil para acoger diferentes iniciativas sobre Blockchain. Con el riesgo de dejar fuera alguna iniciativa, vamos a citar bastantes de las relevantes a principios de 2019:

  • Agencia EFE. Una de las primeras agencias de noticias en contar con sección especializada en Blockchain
  • Alastria. Consorcio multisectorial en el que participan grandes y medianas empresas
  • AMETIC. La patronal TIC incluye una comisión sectorial sobre Blockchain
  • Asociación Blockchain España.  Asociación orientada al desarrollo e investigación sobre la Blockchain. Promueve una nueva criptomoneda denominada tiempo.
  • Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE). La APTE incluye un grupo de trabajo de Blockchain
  • BlockchainEconomía. Revista profesional de Blockchain y de sus usos, imoulsada pr Susana Blázquez
  • Blockchain Intelligence Law Institute. Primera escuela jurídica de Blockchain. Impulsa la formación en el ámbito jurídico.
  • Blockchain España. Impulsa la formación y el “awareness” de blockchain
  • CRUE. El Grupo de Trabajo de Directores TI de la Sectorial TIC de la CRUE analiza Blockchai esn aspectos como los títulos universitarios o la acreditación de formación.
  • Diputación de Bizkaia a través de Lantik. Potencial uso en servicios públicos y como infrastructura disnible para empresas externas.
  • EAD Business School. Postgrado en Blockchain, Tecnologías DLT y Criptoeconomía
  • EADTrust. Prestador de Servicios de Confianza Digital. Servicio Carlulario con opción de custodia en Blockchain.
  • Everis. Tiene toda una linea de práctica sobre Blockchain y participa en entidades como Nettit, SEFIDE EDE o momopocket.
  • Gobierno de Aragón. Plataforma de licitaciones basada en Blockchain
  • IEB School. Postgrado en Tecnologías Blockchain.
  • Meetup cuenta con más de 150 grupos de temática afín a Blockchain
  • Niuron. Consorcio bancario
  • Observatorio Blockchain.
  • Parque Tecnológico de Andalucía. Ha constituido un clúster de blockchain.
  • UNE (la antigua AENOR) incluye un grupo de trabajo sobre normalización de Blockchain
  • Tecnalia. Acoge un Blockchain Innovation Center.
  • Trust Conformity Assessment Body. TCAB. Auditoría de entornos con Blockchain y EIDAS (Reglamento UE 910/2014)
  • Tutellus. Plataforma de aprendizaje online.
  • Universidad de Alcalá. Máster en Ethereum, Tecnología Blockchain y Cripto-Economía
  • Universidad CEU San Pablo. Laboratorio y Nodo de Blockchain
  • Universidad Europea. Postgrado de Experto en Blockchain y Bitcoin
  • Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICAI)

Si conoces más iniciativas que quieras que incluyamos, envíanos un email a fundadores@judiciaryblockchain.org

Niuron, consorcio del sector financiero para desarrollar proyectos basados en blockchain

Recientemente se ha constituido Niuron como consorcio bancario para el conocimiento e impulso de la tecnología Blockchain en el sector financiero.

Está promovido por ocho entidades financieras procedente del mundo de las Cajas de Ahorro  –Abanca, Bankia, Caixabank, Caixa Ontinyent, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja Banco– y liderado por Cecabank en colaboración con la consultora Grant Thornton. Admite entidades externas a consorcio, como Caja Ingenieros.

Por un lado, actuará como observatorio de la tecnología Blockchain  para generar conocimiento en el ámbito técnico, jurídico y de negocio y por otro, impulsará proyectos colaborativos entre las entidades basados en la tecnología Blockchain.

En un primer proyecto de colaboración participan cinco entidades del consorcio –Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja Banco– junto con Caja Ingenieros.

Este primer proyecto orientado a la preservación de evidencias digitales de procesos de “onboarding”, permitirá verificar de manera rápida y segura la identidad de una persona cuando vaya a darse de alta como cliente en una de las entidades si previamente se ha dado de alta en otra.

Así se resolvería un problema común a todas las entidades financieras, que deben asegurar la la identidad de un cliente cuando operan con él por primera vez, según la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, en lo que se denomina “debida diligencia”.

La nueva plataforma permitirá realizar las comprobaciones de manera rápida y segura, con el consentimiento explícito del cliente y cumpliendo la regulación vigente de protección de datos (GDPR).

Se conjetura con que la adopción de tecnologías blockchain aporte:

  • Ahorro de costes y eficiencia
  • Transparencia y trazabilidad de la información
  • Robustez frente a ciberamenazas (ciberseguridad)
  • Tolerancia a fallos (resiliencia)
  • Transferencia de valor (activos digitales)

Las entidades que participan en el consorcio aspiran a:

  1. Impulsar la colaboración entre las entidades para fomentar proyectos blockchain del sector financiero.
  2. Favorecer el aprendizaje y la transferencia de conocimiento de la tecnología Blockchain.
  3. Mejorar su competitividad y contribuir al desarrollo tecnológico.
  4. Compartir su experiencia con los organismos reguladores para visibilizar y validar los desarrollos tecnológicos.
  5. Evaluar la adecuación de la tecnología al marco legal (GDPR, PSD2, EIDAS, AML,…).

Plataforma NIURON de Gestión de Identidad Digital

En la actualidad, cuando un nuevo cliente se da de alta en una entidad financiera, afronta un proceso complejo de identificación, que exige la recopilación de distintos documentos que acrediten la identidad (DNI) y la actividad económica del cliente (facturas, nóminas, que acrediten la fuente de fondos). Este proceso se repite en todos los procesos de alta, duplicando esfuerzos que son fuente de ineficiencias.

Una vez adoptado el nuevo sistema, cuando un cliente que haya realizado el proceso de alta en una de las entidades participantes vaya a contratar productos en otra entidad participante, no tendrá que aportar ninguna documentación de nuevo y bastará su consentimiento para poner a disposición de la nueva entidad su información de manera rápida y segura.

El procedimiento se resume en tres pasos:

Creación de la identidad digital

El cliente se da de alta por primera vez como cliente en un banco perteneciente al consorcio Niuron. Facilita sus datos a la entidad, que los registra en el fichero blockchain compartido.

niuron_infografia-01

Si el cliente se da de alta como cliente en otro banco de Niuron, la segunda entidad obtiene la documentación necesaria para el alta de forma automatizada, con el consentimiento del interesado.

niuron_infografia-02

Si al darse de alta  falta documentación relativa a la nómina u otra, se le pide, el cliente la aporta y la entidad la incorpora a su identidad digital, registrándola en la blockchain compartida, por si fuera necesaria para futuras altas.

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Court judgement oracle for smart contracts in blockchain

Dispute resolution is a fundamental aspect of human relationships be it social, professional, or business relationships. Many circumstances impact in the execution of contractual agreements and processes.

Contractual disputes

Disputes over contracts aren’t always caused by ulterior motives or deliberate intentions to short-change another party. Sometimes, they may be as a result of honest mistakes or inadequate understanding of the original contract.

However, no matter the reason behind controversies and disputes during the execution of contractual agreements, there is usually the provision for settlement systems that are supposed to interpret the terms and conditions of the given contracts and deliver fair judgment.

SGNTJ-CTEAJE

The court driven oracle solution

Many smart contracts define external sources of information (oracles) that rule some aspects of the contract.

When Court Oracle defines some specific label to mean some specific value related smart contracts can execute related transactions allowing the use of Civil Law and Court jurisdiction to allow for conventional dispute resolution to be applied in blockchain based smart contracts.

Users on this platform can create deals and have them registered on the blockchain as bound to judiciary resolutions, but executed as transparent smart contracts. This enables every fact and detail of the deal to be available and traceable in case of any dispute.

This proposal is seriously considered by blockchain experts working for Spanish Technical Committee of Digital Judiciary (CTEAJE, by its spanish initials).

No changes to Civil Procedures are needed to create this technology extension, but judiciary related government bodies need to support an interoperable technical service to be managed transparently and available to all courts.

One specific challenge is to deal with appeals procedures, since different levels of judiciary framework can produce different judgements.

¿Qué posición tiene el Gobierno de España sobre la reglamentación de monedas virtuales?

Está disponible en la web del senado la siguiente cuestión fechada el 19/06/2017:

Cada vez con más frecuencia los ciudadanos comienzan a hacer transacciones electrónicas utilizando monedas virtuales tipo Bitcoin. ¿Qué posición tiene el Gobierno de España sobre la reglamentación de monedas virtuales?

senado-bitcoin

La respuesta, fechada en Madrid, el 5 de septiembre de 2017:

Aunque las monedas virtuales no son un fenómeno nuevo, hasta hace poco su emisión e
intercambio solían estar centralizados en una única entidad y su ámbito de uso era muy limitado (por ejemplo, los usuarios de juegos on-line o los clientes de determinadas plataformas o compañías).

Sin embargo, al haber surgido modalidades de monedas virtuales con métodos de emisión e intercambio descentralizados –cuyo ejemplo más notable, como ya se ha apuntado, es el Bitcoin–, su potencial ámbito de extensión se globaliza a través de Internet y, en consecuencia, resultan más difíciles de regular, al menos desde una perspectiva estrictamente nacional.

Por tanto, la definición de moneda virtual no está completamente cerrada y no es del todo clara.

En el año 2014, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) conceptuó a las monedas virtuales como un medio de intercambio: una representación digital de valor no emitida por un Banco Central ni por una Autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero usada por personas físicas o jurídicas como medio de intercambio y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos.

Con posterioridad, no obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en su Sentencia C-264/14, de 22 de octubre de 2015, dictada en el ámbito de una interpretación en el marco tributario) asimiló la divisa virtual “Bitcoin” a un medio de pago, al no tener ninguna finalidad distinta de la de serlo y dado que ciertos operadores la aceptaban como tal.

En la actualidad se está discutiendo la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de julio de 2016, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (4AMLD), con la intención de incluir en su ámbito de aplicación a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y a los proveedores de monederos electrónicos que ofrezcan servicios de custodia.

Asimismo, en el texto se pretende incluir una definición de las monedas virtuales, y, en un principio, la Comisión asimiló éstas a un medio de pago, al definirlas como una “representación digital de valor no emitida por un Banco Central ni por una Autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos”.

Sin embargo, a raíz de un Dictamen emitido el 12 de octubre de 2016 por el Banco
Central Europeo en el transcurso de las discusiones de este proyecto de Directiva, la última definición propuesta varía ligeramente respecto de la anterior, al concebirse las monedas virtuales como una “representación digital de valor no emitida por un Banco Central ni por una Autoridad pública, ni asociada a una moneda legalmente establecida, que sin tener el estatus legal de moneda o dinero es aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de intercambio o para otros fines y puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos. Las monedas virtuales no pueden ser anónimas.”

Existe, finalmente, un acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos sobre la inclusión de los mencionados proveedores como sujetos obligados en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Propuesta de Directiva se encuentra actualmente en su última fase de tramitación, estando pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo.

A la vista de todos los trabajos emprendidos en el ámbito comunitario, no parece que el
proceso de desarrollo de una regulación integral de las monedas virtuales deba acometerse en el futuro desde ámbitos meramente nacionales, al menos en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Por su propia naturaleza, las monedas virtuales tienen un alcance global que trasciende
las fronteras de cada país, de suerte que su sometimiento a un marco normativo se está
abordando, como ha quedado expuesto, desde una perspectiva supranacional.

Tribunales descentralizados y blockchains

Hace unos meses  escribió un artículo en Financial Times titulado Decentralised courts and blockchains como reflexión tras las declaraciones de Vitalik Buterin en relación con el potencial de los smart contracts para servir de base a un sistema de administración de justicia improvisado.

Aunque el sistema judicial anglosajón (del que deriva el modelo norteamericano) y el continental europeo de tradición romana (del que procede el modelo español e hispanoamericano) no son iguales, hay suficientes semejanzas para que esa reflexión nos pueda ser de utilidad desde el punto de vista latino, por lo que me permito incluir a continuación una interpretación personal del artículo citado.

No hace mucho, se creó la expectativa de que los contratos inteligentes programados en el contexto de una cadena de bloques (smart contracts) podían desintermediar los poderes existentes y reemplazarlos por un sistema tecnológico descentralizado y autoorganizado en el que existía la certeza de todos los contratos celebrados con ese sistema funcionarían como se esperaba, eliminando riesgos y costes.

Además, daba la impresión de que tanto la participación de personas como de instituciones  podrían eliminarse del proceso. En su lugar, se alcanzaría una utopía financiera autónoma dentro de la cual fluía el capital de unos a otros de acuerdo a su capacidad y  a sus necesidades con la sola intervención de protocolos y algoritmos sin rostro.

Sin embargo, desde el principio, subyacía una verdad inconveniente enterrada en las promesas hechas por los defensores de las cadenas de bloques (blockchain).

Siempre se necesita un estado o por lo menos una poderosa institución para administrar y hacer cumplir los contratos legales cuando las externalidades inciden y el clausulado no contemplan casuísticas concretas, o el arbitraje falla.

Además, los contratos no reducen las responsabilidades para nadie si las personas físicas involucradas no han comprendido los compromisos recogidos en el contrato que han suscrito sin darse cuenta o sienten de alguna manera que han sido engañados o que no se respetan sus derechos, lo que en el contexto jurídico español se denomina “vicio de consentimiento“, que es una de las causas de nulidad de los contratos..

La comprensión del contrato (consentimiento informado) y el coste de litigar es y será un punto clave de fricción en la revolución de los contratos inteligentes.

Este hecho objetivo parece haber escapado a la forma en la que los tecnólogos con limitaciones de formación en el campo jurídico entienden el problema.

Hasta hace poco.

Ante la presión para resolver el problema del arbitraje, el joven programador que impulsa el proyecto de cadena de bloques pública Ethereum, Vitalik Buterin, finalmente ha presentado una posible solución, para pergeñar la cual parece haber deglutido en cuestión de meses todo un grado en derecho (compatiblizándolo con apariciones públicas en todo tipo de eventos sobre Blockchain, escribiendo artículos en Reddit, codificando el sistema Ethereum y dirigiendo su imperio de empresa criptográfica).

Como era de esperar, la solución propuesta es fiel al modelo de gestión descentralizada y abierta del sistema de cadena de bloques. ¿La respuesta? Un tribunal descentralizado

Dice Vitalik Buterin:

Una cripto-institución que sería muy útil para un gran conjunto de aplicaciones diferentes es un mecanismo por el cual un usuario podría hacer una pregunta, expresada en forma de texto coloquial, y tener un mecanismo descentralizado, tal vez basado en schellingcoin, el “Oráculo final” que Martin Koppelmann llama  subjetivocracia (un concepto muy similar a la división de DAO de slock) o algún otro esquema con propiedades similares determinan la respuesta y luego devuelven la llamada y  un registro al usuario que hizo la pregunta. Para lograr escalabilidad, un esquema de varias etapas en el que sólo unos cuantos jueces seleccionados al azar mira cada pregunta por defecto, y están incentivados por la amenaza de una “tribunal superior” pueda sentenciar en sentido contrario, es probablemente óptimo.

Buterin prevé los casos de uso de la siguiente manera:

  • Uso de contratos inteligentes para eventos potencialmente altamente subjetivos
  • Arbitraje en aplicaciones descentralizadas de crowdsourcing y economía bajo demanda
  • El almacenamiento o la distribución de fondos (por ejemplo, un caso de uso es un testamento en el que no se quiere obligar al destinatario a configurar una clave privada o aprender sobre ethereum a menos que realmente lo necesiten)
  • Como una medida de emergencia para rescatar los fondos de un contrato inteligente si están detenidos por mucho tiempo

Tenga en cuenta que para poder utilizar el tribunal descentralizado, no es preciso cederle poderes sobre el usuario o sus aplicaciones. Por ejemplo, en el último caso, se puede establecer un sistema en el que el tribunal descentralizado sólo pueda ser invocado si un contrato no ha experimentado ninguna actividad en más de tres meses. Así que cada desarrollador tiene la libertad de hacer concesiones quirúrgicas respecto a si prefiere confiar en su código o confiar en el tribunal descentralizado del modelo propuesto.

Sin entrar en detalles legales,  parece claro que si es preciso un tribunal, ya sea centralizado o descentralizado, o si se elige a los jueces más aleatoriamente que en la actualidad, es por una carencia intrínseca del sistema de contratos inteligentes.

Los contratos inteligentes son inútiles a menos que estén respaldados por algún tipo de marco legal y proceso judicial, que en última instancia es defendido por un proceso financiado con fondos públicos respaldado por un estado. Además, ya sea centralizado o descentralizado, materializado o desmaterializado, el costoso riesgo de arbitraje supone una parte considerable del gasto en transacciones basadas en contratos.

Buterin dice que su solución  no pretende ser un competidor completo del sistema judicial tradicional sino más bien completar la vía arbitral.

Y sin embargo, el sistema, según reconoce, depende en última instancia de la figura jerárquica y centralizada de un “tribunal supremo” más grande al que recurrir  las decisiones del tribunal descentralizado.

Esta presunción supone la expectativa de un subsidio estatal indirecto para su sistema de tribunales descentralizados, y la admisión de que los contratos inteligentes soportan el riesgo de arbitraje (y por tanto los costes), también en los contextos de Blockchain y smart contracts:

El marco legal de resolución de litigios existente supone una certeza de seguridad jurídica contra el que no puede competir un sistema descentralizado de contratos inteligentes que depende en última instancia de una especie de “tribunal supremo”, que lo aleja del supuesto ideal de autorganización y descentralización.

La resolución de controversias por otra vía podría conllevar el despliegue de mecanismos alterativos de coacción al margen de la Ley que recuerdan al salvaje oeste.

Dado que los defensores de tecnologías de tipo blockchain siguen destacando su potencial en el ámbito de los smart contracts y el intercambio de valor, incidiendo en una supuesta reducción de costes y mejora de eficiencia en la compensación y liquidación de transacciones, sería prudente recordar que los principios que se aplican con los nuevos sistemas no son distintos de los que impulsaron los anteriores.

Cuando se analiza su fundamento, el mundo del dinero, de las finanzas y de la riqueza no es más que un sistema de contratos y acuerdos sociales unidos por su propio protocolo social, y sus representaciones del valor. Pero los contratos y los acuerdos no significan nada si los intervinientes no respetan el marco legal aplicable en su jurisdicción.

La teoría de juegos establece que el coste de engañar al sistema debe ser significativo para los infractores como base de la sostenibilidad de tal sistema. Y el conjunto debe sostener el coste de los mecanismos de resolución de controversias entre los intervinientes de buena fe (y de no tan buena fe). Hasta el punto de que no haya transgresor tan poderoso que su actuación no pueda ser detenida por los diferentes actores cuya misión es aplicar las diferentes medidas del retorno a la legalidad y castigar a los infractores. De ahí que sea tan relevante el poder del estado como valladar contra quienes puedan amenazar el funcionamiento fluido de las instituciones.

Bitcoin, blockchain, las diferentes blockchains y las distintas ciberdivisas resuelven algunos de estos problemas por la vía de encarecer el ataque al sistema mediante el uso de técnicas criptográficas objetivas, pero no pueden resolver lo que no está previsto o lo que se dirime fuera de la propia actividad tecnológica determinista de su funcionamiento.

Pero los errores de programación o los vicios de consentimiento tendrán que ser resueltos por vías más convencionales.

Puede ser interesante mencionar la teoría jurídica de las finanzas de Katharina Pistor, de la Facultad de Derecho de Columbia, que mantiene que los mercados financieros están legalmente construidos de forma híbrida entre el procedimiento administrativo y la provisión privada de servicios combinando aspectos públicos y privados. Cuando la dinámica del mercado se pone en tensión directa con los compromisos consagrados en la ley o los contratos, sucede que aparecen las crisis financieras.

En el ámbito transfronterizo, el coste de transacción, compensación y liquidación que en una sola jurisdicción reflejaría el coste de la ejecución de contratos, y su marco propio de resolución de controversias, encontraría elementos de coste adicional que añaden fricción por la necesidad de compatibilizar marcos legales diferentes que obligan a determinar la jurisdicción y la ley aplicable, distinguiendo consumidores y especialistas y lo determinado en los tratados internacionales.

En el mundo de la informática y de la tecnología, la “tensión con los compromisos consagrados en la ley o en los contratos” posiblemente ha sido subestimada por los técnicos en términos de riesgo de responsabilidad legal.

La lógica de programador se ha convertido en un mecanismo de imposición de efectos legales de último recurso cuando los programadores no implementan en los sitios que atienden a los ciudadanos lo que de verdad dicen las leyes, sino los que les dicta su lógica personal.

Lo que hace necesario que los abogados insistan en exigir su cumplimiento haciendo modificar lo implementado.

El papel de los abogados y del resto de profesionales y operadores jurídicos también será necesario (pese a lo que opinen los técnicos) cuando las implementaciones de contratos inteligentes en el mundo de las cadenas de bloques lleguen a un punto en el que la negociación y la certeza de la prestación del consentimiento no estén contemplados en la implementación.

¿Qué es notarizar?

Cuando un informático de origen hispano utiliza la palabra “notarizar” posiblemente se refiere a un concepto que ha interiorizado a partir de leer documentación técnica producida en el ámbito anglosajón, por personas que no tienen conocimientos jurídicos sino ideas vagas propias de la gente de la calle en países de tradición jurídica de “common law”.

Luego lo superpone por lo que la gente de la calle de su país de tradición legal romana-germánica entiende por notario y escribano y mezcla churras con merinas, sin conocimientos jurídicos reales para respaldar esa interpretación resultante.

Notarizar en este contexto se interpreta como atestiguar que un documento concreto existía en una fecha dada y, eventualmente, que una persona alegaba alguna reivindicación respecto al documento.

Este tipo de gestión de evidencias electrónicas (cuando se realiza en el mundo digital) se puede llevar a cabo con una firma electrónica y un sello de tiempo.

También se puede gestionar, de forma más compleja, mediante Blockchain.

Pero, en todo caso, es una pequeña fracción de lo que verdaderamente engloba la palabra “Notarizar” en un país como España.

En España y en los países latinos existe el “Notariado Latino” que ampara las actuaciones de notarios y escribanos alineados con la legislación sobre el notariado, que en España se refiere de forma principal al Código Civil, a la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 (con sus correspondientes actualizaciones y al Reglamento Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado) con sus correspondientes actualizaciones.

Respecto a la intervención notarial, el Reglamento señala (artículos 143 y siguientes) estos aspectos:

(…)

Los documentos públicos autorizados o intervenidos por notario gozan de fe pública, presumiéndose su contenido veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los Jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias.

(…)

La autorización o intervención del instrumento público implica el deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes.

Dicha autorización e intervención tiene carácter obligatorio para el notario con competencia territorial a quien se sometan las partes o corresponda en virtud de los preceptos de la legislación notarial, una vez que los interesados le hayan proporcionado los antecedentes, datos, documentos, certificaciones, autorizaciones y títulos necesarios para ello.

Esto no obstante, el notario, en su función de control de la legalidad, no sólo deberá excusar su ministerio, sino negar la autorización o intervención notarial cuando a su juicio:

1.º La autorización o intervención notarial suponga la infracción de una norma legal, o no se hubiere acreditado al notario el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos como previos.

2.º Todos o alguno de los otorgantes carezcan de la capacidad legal necesaria para el otorgamiento que pretendan.

3.º La representación del que comparezca en nombre de tercera persona natural o jurídica no esté suficientemente acreditada, o no le corresponda por las leyes. No obstante, si el acto documentado fuera susceptible de posterior ratificación o sanación el notario podrá autorizar el instrumento haciendo la advertencia pertinente conforme artículo 164.3 de este Reglamento, siempre que se den las dos circunstancias siguientes:

a) Que la falta de acreditación sea expresamente asumida por la parte a la que pueda perjudicar.

b) Que todos los comparecientes lo soliciten.

4.º En los contratos de obras, servicios, adquisición y transmisión de bienes del Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia o el Municipio, las resoluciones o expedientes bases del contrato no se hayan dictado o tramitado con arreglo a las leyes, reglamentos u ordenanzas.

5.º El acto o el contrato en todo o en parte sean contrarios a las leyes o al orden público o se prescinda por los interesados de los requisitos necesarios para su plena validez o para su eficacia.

6.º Las partes pretendan formalizar un acto o contrato bajo una forma documental que no se corresponda con su contenido conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de este Reglamento.

(…)