Con la publicación el pasado 12 de septiembre de 2022 del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia en el Boletín Oficial de las Cortes Generales se incorpora al trámite parlamentario la tercera de las leyes que reconfigurarán la administración de justicia en el futuro, con un gran impulso a su digitalización.

Ya estaban avanzando en dicho trámite parlamentario otros dos Proyectos de Ley:

• Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 22 de abril de 2022).
• Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 16 de junio de 2022).

Estas tres normas constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030.

Estas leyes modificarán entre otras la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

En un contexto en el que desde 2014 es de aplicación el Reglamento europeo UE 910 2014 (denominado EIDAS) era acuciante contemplar sus previsiones en relación con aspectos como la firma electrónica.

Ya en el ámbito de la AGE se contempló en 2015 la actualización normativa de la digitalización dejando atrás la Ley 11/2007 y dando lugar a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre.